El drama de nuestro sector forestal
Tulio R. Bastidas Viloria
En nuestro país, y no somos la excepción, son pocos los que se dedican a la actividad forestal y, menos aún, al negocio forestal. Ello tiene sus razones, podría decirse que ortodoxas: la tragedia de los comunes, los riesgos, la incertidumbre, la baja rentabilidad y los lapsos para la recuperación de las inversiones forestales -que son de mediano a largo plazo.
Las condiciones del sector forestal venezolano son de postración absoluta. Las múltiples presiones para permitir otros usos y actividades contrarias han causado la pérdida de áreas sometidas a manejo forestal productivo, el cierre de empresas concesionarias en áreas de reserva forestal y, más recientemente, la ocupación forzosa de fincas destinadas a plantaciones forestales en el estado Portuguesa, para destinarlas a actividades agropecuarias.
Son parte de los resultados que arrojan la Ley de Tierras y la novísima Ley de Bosques. La primera relega la actividad forestal a tierras improductivas, mientras que la segunda carece de una visión integral, a la vez que integradora y de largo plazo, tan necesaria para nuestro sector, desdibujándolo en enrevesadas disquisiciones políticas, divorciadas de nuestra realidad económica y social, y reñidas con elementales postulados de política forestal.
La actividad forestal, incluyendo protección, producción y recreación, se rige por principios de economía, en nuestro caso, la economía forestal. Aquella vieja creencia de que, por ejemplo, los parques nacionales encierran bienes invalorables, hoy no tiene vigencia. Se valoran, o seguiremos sin poder justificar la asignación de presupuesto para su protección.
En cuanto a la producción, uno de los componentes del sector agrícola como actividad económica productiva es el forestal. Se trata de producir bienes (madera, resinas, taninos, pulpa para papel, etc.) con sentido de rentabilidad. Es erróneo seguir creyendo que la actividad forestal está relegada a suelos marginales o de clases VI, VII y VIII. Esas son categorías de suelos con limitaciones de uso, que llegan a ser de severas hasta restrictivas, donde ni siquiera el conuco, como sistema agroforestal, o la ganadería extensiva son permisibles.
Nadie puede invertir con fines de producción en suelos con fuertes restricciones de salinidad, humedad, pH, pendiente o fertilidad. En condiciones normales la actividad forestal es estimulada y protegida por el Estado.
Pareciera que quedó atrás el cerco progresivo hasta la rescisión o cierre "voluntario" de las concesiones en las reservas forestales. Es ahora el turno de las plantaciones. Hemos escuchado de altos funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, expresiones desconsideradas sobre los eucaliptos y las plantaciones forestales, en particular de las que desarrolla el sector privado en el centro-occidente del país.
La gestión forestal debe estar guiada por claros principios de política y adecuados instrumentos que la desarrollen, que permitan evaluar de manera tangible las metas y logros en materia de bienes y servicios obtenidos.
Las condiciones del sector forestal venezolano son de postración absoluta. Las múltiples presiones para permitir otros usos y actividades contrarias han causado la pérdida de áreas sometidas a manejo forestal productivo, el cierre de empresas concesionarias en áreas de reserva forestal y, más recientemente, la ocupación forzosa de fincas destinadas a plantaciones forestales en el estado Portuguesa, para destinarlas a actividades agropecuarias.
Son parte de los resultados que arrojan la Ley de Tierras y la novísima Ley de Bosques. La primera relega la actividad forestal a tierras improductivas, mientras que la segunda carece de una visión integral, a la vez que integradora y de largo plazo, tan necesaria para nuestro sector, desdibujándolo en enrevesadas disquisiciones políticas, divorciadas de nuestra realidad económica y social, y reñidas con elementales postulados de política forestal.
La actividad forestal, incluyendo protección, producción y recreación, se rige por principios de economía, en nuestro caso, la economía forestal. Aquella vieja creencia de que, por ejemplo, los parques nacionales encierran bienes invalorables, hoy no tiene vigencia. Se valoran, o seguiremos sin poder justificar la asignación de presupuesto para su protección.
En cuanto a la producción, uno de los componentes del sector agrícola como actividad económica productiva es el forestal. Se trata de producir bienes (madera, resinas, taninos, pulpa para papel, etc.) con sentido de rentabilidad. Es erróneo seguir creyendo que la actividad forestal está relegada a suelos marginales o de clases VI, VII y VIII. Esas son categorías de suelos con limitaciones de uso, que llegan a ser de severas hasta restrictivas, donde ni siquiera el conuco, como sistema agroforestal, o la ganadería extensiva son permisibles.
Nadie puede invertir con fines de producción en suelos con fuertes restricciones de salinidad, humedad, pH, pendiente o fertilidad. En condiciones normales la actividad forestal es estimulada y protegida por el Estado.
Pareciera que quedó atrás el cerco progresivo hasta la rescisión o cierre "voluntario" de las concesiones en las reservas forestales. Es ahora el turno de las plantaciones. Hemos escuchado de altos funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, expresiones desconsideradas sobre los eucaliptos y las plantaciones forestales, en particular de las que desarrolla el sector privado en el centro-occidente del país.
La gestión forestal debe estar guiada por claros principios de política y adecuados instrumentos que la desarrollen, que permitan evaluar de manera tangible las metas y logros en materia de bienes y servicios obtenidos.
Comentarios
Publicar un comentario